Cuando hablamos de una Reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración, nos referimos a la exigencia de un ciudadano de que se pueda resarcir los daños patrimoniales que se sufran por acciones u omisiones de la Administración Pública. Esta se encuentra contenida en el artículo 106.2 de la Constitución, que

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha vuelto a poner del lado de los consumidores al dictaminar que las entidades bancarias deberán devolver con retroactividad total las cantidades abonadas en concepto de gastos hipotecarios (lo que incluye notaría, registro, tasación, gestoría, entre otros) en caso de