En marzo del año 2020 el gobierno decretó estado de alarma, acompañándolo de fuertes restricciones. En este sentido, el TC ha sentenciado y declarado esto como algo inconstitucional. En ello se resalta el daño económico que han causado las limitaciones, haciendo referencia a las sanciones impuestas a los comerciantes, quienes no tuvieron otra opción que cerrar sus puertas y paralizar sus actividades laborales.

Es por ello que las multas a partir de ahora no tendrán ningún efecto. Tanto las que fueron canceladas como las que aún se encuentran por cobrar.

Pedro González-Trevijano, el magistrado del Tribunal Constitucional, ha declarado que parte de las disposiciones del estado de alarma son inconstitucionales. Alegando que ciertas restricciones impuestas durante este régimen excepcional son extremas y no se ajustan a la situación. Por lo que, al anularse la norma, aquellos individuos que recibieron una sanción, podrán solicitar una devolución del pago. De la misma forma se exime de pagar a quienes no lo han hecho.

Cierre de las reclamaciones

Pero esto no significa que todos conseguirán los beneficios. Todas sentencias firmes dictadas en procesos judiciales no serán alteradas. Además el Tribunal Constitucional corta las vías de reclamación patrimonial al comprobar que el Estado legislador funciona correctamente.

Es responsabilidad de la Administración, cualquier daño percibido por los particulares debido al mal funcionamiento de los servicios públicos. Esto según lo muestra la Carta Magna en su artículo 106.2. En ella se garantiza que si el daño es causado por el seguimiento de una norma inconstitucional, el afectado será compensado al recibir una sentencia firme contra la administración.

Con esta sentencia se limitan la gran cantidad de reclamaciones que se habrían realizado. En la resolución se hace énfasis en que las restricciones han sido cumplidas por parte de los ciudadanos pero no es suficiente para abrir estas puertas. Así se consigue frenar el daño patrimonial al que el Estado habría tenido que enfrentarse sin haber tomado esta medida.

Los afectados

Como consecuencia de muchas restricciones que llevaron al encierro de la población y paralización de muchas actividades comerciales, con una apertura gradual; el cierre de negocios y pérdida de empleo son ahora comunes. Viéndose más afectados aquellos que laboraban en el área turística.

Luego de haber establecido un estado de alarma debido al coronavirus, el Gobierno central, administración pública y autónomos se ven amenazados de sufrir pérdidas millonarias, tras la avalancha de denuncias por su participación en esta crisis. Siendo un problema que les mantiene a la expectativa mientras los litigios se llevan a cabo, algo que puede tardar años.

¿Quién puede beneficiarse de esta sentencia?

Toda aquella persona que ha sufrido un perjuicio por una mala gestión administrativa del estado de alarma, funcionando de manera ineficiente, podrá acudir al Tribunal.

Resulta difícil cuantificar todas las situaciones en las que un individuo pudo ser perjudicado en este escenario. Cualquiera que se encuentre afectado podrá reclamar una indemnización por responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial o responsabilidad penal. Esto sin duda representa un duro golpe para los gobiernos, que vaticinan una fuerte tormenta sobre ellos.

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